La justicia estatal no es justicia

Por: Miguel Hernández

La justicia estatal no es justicia. Es un monopolio coactivo sobre la resolución de conflictos, operado por el mismo aparato que tiene incentivos estructurales para fallar a su propio favor.

Piénsenlo un segundo. El Estado es simultáneamente legislador, juez y parte interesada. Redacta las normas, las interpreta y se beneficia de su aplicación. Cuando un contribuyente disputa un impuesto, ¿quién resuelve? Un tribunal financiado por ese mismo impuesto.

Cuando un ciudadano denuncia abuso policial, ¿quién investiga? Una estructura que responde a la misma cadena de mando.

No hay ningún arreglo institucional en la historia que haya producido resultados más previsiblemente sesgados que un monopolio juzgando causas donde él mismo es parte.

La objeción habitual es que sin Estado la justicia sería caótica, parcial, comprada por el mejor postor. Lo que describe no es la alternativa privada sino el sistema actual.

Los que pueden pagar abogados caros obtienen resultados distintos a los que no. Los procesos duran años o décadas. La justicia penal tiene tasas de reincidencia que demuestran su fracaso por cualquier métrica imaginable.

Y la víctima, que es supuestamente el centro del sistema, casi nunca recibe restitución. El Estado castiga al agresor a costa del contribuyente y la víctima se queda exactamente donde estaba.

Un sistema de justicia privada opera bajo incentivos radicalmente distintos.

Los árbitros y agencias de mediación compiten por reputación.

Un árbitro que falla consistentemente de forma parcial pierde clientes, pierde contratos, quiebra.

Un juez estatal que falla de forma parcial cobra el mismo sueldo hasta jubilarse con pensión de privilegio.

El mecanismo de retroalimentación del mercado, que es el único que disciplina la calidad de cualquier servicio, está completamente ausente en la justicia monopólica.

La ley no necesita un monopolista para existir, del mismo modo que la producción de zapatos no lo necesita. La historia del derecho mercantil medieval, la Lex Mercatoria, es una demostración empírica.

Comerciantes de toda Europa desarrollaron un cuerpo jurídico sofisticado, con tribunales arbitrales privados, sin intervención estatal, precisamente porque necesitaban resolución eficiente de conflictos y el aparato feudal no se la proporcionaba. Funcionó durante siglos.

Lo que sostiene al monopolio judicial no es su superioridad sino el mismo mecanismo que sostiene todo monopolio estatal: la prohibición legal de la competencia. El Estado no ofrece mejor justicia, simplemente prohíbe que otros la ofrezcan.