Carlos Sabino
Las libertades individuales al libre tránsito, el derecho a la protesta, la libertad de prensa y de propiedad quedaron así violadas por las disposiciones de gobiernos que actuaron de un modo que podrían envidiar los sátrapas de la antigüedad o los reyes absolutos. Lo han hecho escudados en un mandato a la protección de la salud que se interpretó sin posibilidades de discusión, arbitrariamente, sin permitir siquiera el escrutinio de la ciudadanía. Porque se impidió manifestar sus opiniones a quienes, desde la profesión médica o fuera de ella, estaban en desacuerdo con el modo en que se enfrentaba la pandemia, porque se vetaron algunos medicamentos y se impusieron otros, porque no se permitió ningún tipo de disidencia. La OMS y los ministerios de salud dominaron la escena durante largo tiempo, imponiendo sus ideas como dogmas religiosos. Se resisten, aún, a abandonar ese papel de tiranos implacables.
El derecho a la libertad es inconcebible sin su contraparte, la responsabilidad individual. Y es lógico que, ante una pandemia, esta responsabilidad lleve a extremar los cuidados personales: usar elementos protectores, distanciarse de las posibles situaciones de contagio, tomar medidas preventivas de diversa índole. Es natural que la gente lo haga, unos más, otros menos, de acuerdo a la información disponible y a sus propias convicciones.
El problema no es ese. Una persona puede confinarse a sí misma a su casa, y tal vez esto sea lo más conveniente para ella en determinadas circunstancias, pero esto es muy diferente a que, desde el estado, se la obligue a permanecer encerrada. En relación a los derechos individuales es esencial distinguir entre lo conveniente y lo obligatorio. Algo puede ser conveniente o recomendable, y es legítimo que se trate de convencer a la gente para que lo acepte, pero otra cosa, absolutamente diferente desde el punto de vista moral y político, es
obligarla a que proceda de determinada manera.
Carlos Sabino estudió licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de Buenos Aires y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, miembro de la Mont Pèlerin Society.
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